Abogado penalista en CABA y Gran Buenos Aires

Si usted o un familiar fue detenido, allanado o citado a declarar, hay tres cosas que debe saber, y son las que más veces se ignoran:

1. Tiene derecho a no declarar. El artículo 18 de la Constitución Nacional establece que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Negarse a declarar no puede ser usado como indicio de culpabilidad. Es un derecho, no una confesión implícita.
2. Tiene derecho a un abogado antes de declarar. No hay ninguna obligación de responder preguntas —ni en la comisaría, ni en la fiscalía— sin haber hablado antes en privado con su defensor.
3. No firme nada sin leerlo y sin asesoramiento. Las actas firmadas en sede policial después de muchas horas de detención pesan durante todo el expediente.

Una declaración improvisada, hecha "para aclarar las cosas" y sin conocer el contenido del expediente, es el error más grave y más frecuente. Antes de declarar, el defensor debe tomar vista de la causa y conocer exactamente qué prueba existe.

Atendemos consultas urgentes por WhatsApp las 24 horas para detenciones y allanamientos en CABA y en el Gran Buenos Aires.

Asumimos la defensa técnica en las tres jurisdicciones que operan en el área metropolitana: la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad, y los Departamentos Judiciales de la Provincia de Buenos Aires.

Nuestra intervención cubre todas las etapas del proceso:

• Etapa de investigación preparatoria: control de la actuación de la fiscalía, propuesta de medidas de prueba, impugnación de allanamientos y secuestros irregulares.
• Declaración indagatoria y estrategia de defensa material.
• Excarcelación, eximición de prisión y cese de la prisión preventiva, con propuestas de medidas alternativas a la detención.
• Nulidades por violación de garantías constitucionales.
• Salidas alternativas al juicio: suspensión del juicio a prueba (probation), juicio abreviado, mediación penal y criterios de oportunidad, cuando resultan más convenientes que el debate.
• Juicio oral y público: preparación de testigos, examen y contraexamen, alegatos.
• Recursos de casación, inconstitucionalidad y queja ante las instancias superiores.
• Ejecución de la pena: libertad condicional, libertad asistida, salidas transitorias y prisión domiciliaria.

• Delitos contra la propiedad: hurto, robo, estafa, defraudación, administración fraudulenta y usurpación.
• Delitos contra las personas: lesiones, homicidio en sus distintas figuras, amenazas y coacción.
• Delitos culposos: lesiones y homicidio culposo en accidentes de tránsito, y responsabilidad profesional.
• Delitos contra la integridad sexual, tanto en la defensa como en la representación de la víctima.
• Violencia de género y violencia familiar en sede penal, incluida la desobediencia a medidas cautelares.
• Delitos económicos y tributarios: evasión, lavado de activos, cheques sin fondos y quiebras fraudulentas.
• Ley de estupefacientes (Ley 23.737) en sus distintas figuras.
• Delitos informáticos: estafas virtuales, phishing, grooming y difusión no consentida de imágenes íntimas.
• Contravenciones y faltas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

Ser víctima de un delito no obliga a esperar pasivamente lo que decida la fiscalía. La Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos reforzó considerablemente su posición en el proceso.

Al constituirnos como parte querellante en su nombre, usted deja de ser un mero denunciante y pasa a ser parte del proceso, con facultades propias: ofrecer prueba, controlar la investigación, recurrir las decisiones que le sean adversas y, en muchos supuestos, sostener la acusación de manera autónoma incluso si el fiscal pide el sobreseimiento.

En la práctica, la diferencia es enorme. Las causas con querella activa avanzan; las que quedan libradas al impulso exclusivo de la fiscalía suelen dormir durante años.

Intervenimos habitualmente como querellantes en estafas, defraudaciones, amenazas, lesiones, violencia de género y delitos informáticos. Cuando el hecho también generó un daño patrimonial, coordinamos la causa penal con el reclamo civil de indemnización, que puede tramitar en paralelo.

El derecho penal es la rama donde más se juega: la libertad, el trabajo, la reputación y la tranquilidad de una familia. Por eso trabajamos con tres reglas que no negociamos.

Disponibilidad real. El cliente y su familia tienen una vía directa de contacto. En una detención, la diferencia entre responder en veinte minutos o en dos días es determinante.

Información honesta. Le explicamos el escenario probable con claridad, incluso cuando no es el que espera escuchar. No prometemos resultados: en materia penal, quien garantiza un resultado no está siendo sincero.

Confidencialidad estricta. Todo lo que se conversa está amparado por el secreto profesional, sin excepciones.